TRATAMIENTO PERIODÍSTICO SOBRE LA MINERÍA REALIZADO POR EL DIARIO DEL HUILA Y LA NACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA DURANTE LOS AÑOS 2012 - 2014-I

Abstract

Los avances en las dimensiones política y económica en nuestro país, así como los conflictos sociales y culturales, han adquirido especial relevancia en las agendas de los medios de comunicación, y son conocidos tanto en el ámbito nacional como internacional; su trascendencia se hace vigente en los titulares, como también en primeras planas, reportajes dominicales, entre otros. Hoy podemos afirmar que este apogeo económico que vivimos se debe principalmente al gran interés por parte del Gobierno en la promoción de la inversión de compañías extractivas, principalmente en el sector minero. En el ámbito económico la minería es un factor fundamental para el Gobierno, la importancia que esta práctica tiene en términos económicos se manifiesta en que el sector minero representa un componente fundamental de las exportaciones colombianas. Ante este panorama, diversos investigadores sociales se cuestionan el por qué, a raíz de la apertura por parte del Gobierno a estas empresas, nacionales y extranjeras, se ha generado un incremento de los conflictos socio-ambientales. Cabe resaltar que estos conflictos nacen en los pueblos y departamentos que en su mayoría cuentan con riquezas naturales e hídricas y es sólo a través de los medios de comunicación que logran ser presentados. La visibilidad mediática de estos conflictos permite que éstos logren salir de la esfera local para alcanzar a la esfera nacional y así poder darle trascendencia a este tema desde sus agendas. La minería en Colombia se ha convertido en un tema relevante, desde la llamada apertura económica que tiene sus bases en la denominada “seguridad inversionista” impulsada por el gobierno, la cual consiste en articular economías mediante el suministro de materia prima a diferentes países con el fin de agilizar el desarrollo del país. Esta se inició en los años 90 del pasado siglo y fue fortalecida en el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, en estos 8 años de la llamada seguridad democrática se combinó la militarización de los territorios con la construcción de otras leyes de despojo que entregaron resultados contundentes para la implementación del extractivismo. Entre el año 1997 y el 2008 se despojaron a sangre y fuego, principalmente por parte del paramilitarismo, un aproximado de 8 millones de hectáreas, dejando 4 millones de personas desplazadas de sus territorios donde hoy se instauran y proyectan grandes emprendimientos extractivos. Así, Colombia recuerda que el argumento referido a una estrategia contrainsurgente se convirtió en realidad en una herramienta fundamental para garantizar la inversión extranjera directa y la corporativización del Estado colombiano, asegurando al mismo tiempo la impunidad en los crímenes sociales y ambientales del aparato transnacional.