LA CONTRATACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Abstract

Las entidades del estado Colombiano, para el desarrollo de sus fines, encuentran dentro de sus competencias la posibilidad de celebrar contratos y para ello el legislador les ha autorizado con la expedición de la ley 80 de 1993, con la cual se encuentra regulada el régimen general de la contratación pública administrativa. Las Universidades ofíciales o estatales, siendo entidades del estado, no están cubiertas por esté régimen general, sino por la ley 30 de 1992, así lo dejo claro la Corte Constitucional en la Sentencia C-547 de 1994 Magistrado Ponente Carlos Gaviria Díaz, todo en virtud de la Autonomía Universitaria consagrada en el articulo 69 de la constitución Política. La autonomía universitaria consagrada constitucionalmente busca alejar a las entidades oficiales de educación superior de la intervención directa de las administraciones de turno, proporcionándole la independencia necesaria para poder cumplir con la finalidad de un Estado democrático de derecho. Tras un breve recorrido por la legislación sobre contratación administrativa, desarrollada bajo los parámetros de la Constitución Política de 1991 encontramos que tanto las Universidades Públicas como las entidades estatales deben cumplir con los mismos principios más no con los mismos procedimientos o ritualidades ya que la autonomía universitaria les permite a estos entes universitarios autónomos tener un mayor margen de maniobralidad aunque con la correspondiente responsabilidad que a ello conduce, sin desconocer desde luego que el buen manejo de la autonomía universitaria en materia de contratación nos abre una amplia gama de posibilidades que nos permite la flexibilidad necesaria para las especificidad y particularidad de los entes autónomos universitarios de Colombia.