LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DEL EMPLEADO PÚBLICO EN COLOMBIA SEGÚN EL MARCO LEGAL, CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL

Abstract

La Constitución Política de Colombia, como norma de normas, enmarca en su artículo 40, numeral 1, el derecho de: “todo ciudadano colombiano a elegir y ser elegido, sin dilaciones, limitantes o exclusiones” sin embargo, la Ley 996 de 2005, la cual reglamenta la elección del presidente de la República, establece limitaciones para la participación en política de los servidores públicos, configurándose una protuberante contradicción con lo expuesto en la carta constitucional. Es por ello que el presente trabajo analiza, la posición de las altas Cortes y en especial a la Corte Constitucional respecto a la participación en ejercicios democráticos del servidor público, sus limitantes y el alcance de sus derechos según el nivel y tipo de servidor y culminará estableciendo una sana crítica que permitirá demostrar la vulneración de los derechos del ciudadano, quien al ocupar un cargo de carrera administrativa, pierde definitivamente o por el tiempo que dure su vinculación a la entidad, sus derechos constitucionales a la participación política. Existen en Colombia más de 430 mil empleados públicos, a los cuales se les vulnera este derecho, quienes solo pueden participar a través de su sufragio en una elección popular, configurándose abiertamente la vulneración, al artículo 40 de la carta democrática, y la inconstitucionalidad de la Ley 996 de 2005, la cual limita el derecho a la participación política de algunos ciudadanos. Esta desigualdad afecta indirectamente a la sociedad colombiana, debido al objetivo que busca la vinculación de empleados a la carrera administrativa, ya que la Constitución de 1991 estableció su ingreso, a través de los concursos de méritos, los cuales tienen como fin vincular personas con conocimiento de la cosa pública, como lo estipula, la Corte Constitucional en su sentencia T-090/13, meta trazada por el Estado colombiano, para el desarrollo de una gestión administrativa, basada en la excelencia del manejo del sector público. El análisis de los preceptos convencionales, constitucionales y legales que enmarcan los permisos y prohibiciones, de la participación del funcionario público en actividades políticas, nos permite identificar la posible contravención de los principios democráticos y su derivada afectación directa e indirecta sobre el constitucionalista primario, quien por acción del Estado, ve limitada la toma de decisiones que pudiesen llegar a afectarlo política, administrativa, económica y culturalmente; por lo tanto, analizar las causas, la motivación legal, la jurisprudencia y sus consecuencias, nos permitirá medir el grado de vulneración del derecho fundamental de la participación política en este sector de la sociedad colombiana, pudiendo avizorar soluciones prácticas para subsanar la desigualdad negativa presentada en contra de los empleados del sector público.